En España, al igual que sucede en los demás países democráticos, un Presidente del Gobierno, de una Comunidad Autónoma, o un Alcalde pueden hipotecar, por negligencia, decisiones equivocadas, o con actuaciones desacertadas o caprichosas, a tres generaciones de ciudadanos de su país, de su Comunidad o de su municipio y su responsabilidad es inexistente. Esto en España, no es una hipótesis, es ya una realidad. Me dirán que el castigo lo recibirán en las urnas. Poco consuelo para los que van a tener que asumir el lastre económico heredado, el trauma del desempleo y la imposibilidad de vivir dignamente.

En palabras simples, gastan mucho más de lo que ingresan, toman decisiones descabelladas a los ojos de cualquier persona con sentido común, y no adoptan las medidas adecuadas a su debido tiempo, sin posibilidad alguna de que el ciudadano que tiene que pagar las consecuencias pueda evitarlo. Todo ello produce déficits o endeudamientos tan escandalosos como el del Ayuntamiento de Madrid que ya supera los 8.000 millones de euros y que solo podrán pagarse con la elevación de los impuestos existentes o con la creación de nuevos. 

Parece, a ojos de los ciudadanos, que la democracia no ha sido capaz de encontrar y habilitar algún mecanismo que aborte, en el momento oportuno, la caída en situaciones económicas críticas previsibles, el despilfarro sin medida, la corrupción galopante y la flagrante imprevisión para adoptar medidas que eviten debacles anunciadas. Porque, coincidirán conmigo, que la justicia, o el teórico castigo electoral, se han revelado insuficientes para evitar la sangría económica y el trauma social que todos estamos y seguiremos pagando durante varias generaciones.

Sin embargo la paradoja es que, en ese mismo país, y por decisión de los políticos “irresponsables”, el Presidente y la Junta Directiva de los dos equipos más importantes de Europa (Real Madrid y Barcelona) junto con los de otros dos emblemáticos (Atlético de Bilbao y Osasuna) elegidos por la votación de sus asociados, es decir, en la misma forma que los cargos políticos, no solamente responden con todo su patrimonio de las pérdidas, cualesquiera que sean las causas por las que se produzcan, sino que para acceder a la gestión del Club en cuestión, están obligados a presentar un avalal bancario del 15 % de su presupuesto. En el caso de los dos primeros equipos unos 60 millones de euros. Casi nada.

Conviene enfatizar que la responsabilidad no se limita a esa, ya de por sí, elevadísima cantidad avalada bancariamente, sino que afecta a todo el patrimonio del dirigente. Y no es preciso que haya existido negligencia, abuso de facultades o infracción de cualquier orden, basta con que la pérdida, el desequilibrio entre ingresos y gastos, se produzca. Es decir el castigo es mayor, incluso, que el previsto para los Administradores en la Ley de Sociedades Anónimas.

Para colmo en el Real Madrid,  por decisión de su actual presidente, y para evitar la aparición de intrusos que puedan complicar la reelección, el aval hay que prestarlo con carácter previo a la presentación de la candidatura, lo que hace inviable al 99,99 % de los socios la posibilidad de aspirar a un cargo en su junta directiva.

Se me dirá que, si eso ocurriera en política nadie, o muy pocos privilegiados, podrían o querrían acceder a ocupar cargos de responsabilidad en los órganos de gobierno de la sociedad; y estamos de acuerdo, pero eso es exactamente lo que ocurre en la Entidades deportivas antes citadas y a nadie le importa ni le parece extraño que así esté legislado.

                                                                                                     Ramón Calderón