El ciudadano, ese al que los políticos dicen representar y para el que supuestamente trabajan, ya no aguanta más. Ha dicho basta. No soporta las mentiras, la ineficiencia, la corrupción, el abuso de poder, las promesas vanas e incumplidas y la lentitud de la muchas veces inicua justica.

La gente está harta y ha decidido manifestar abierta, pública y pacíficamente su divorcio de aquellos en los que no cree y por los que se siente engañado y utilizado. Y lo ha hecho dando un ejemplo inédito de civismo auténtico y sin decantarse por ninguna de las opciones que puede elegir. Y eso ha descolocado y confundido todavía más a quienes son sus teóricos pero no reales representantes. Porque lo que están poniendo de manifiesto los que participan en el movimiento llamado M-15 es que, su deconfianza en la clase política es de tal calibre, que ni siquiera un cambio de gobierno lo contemplan como una solución a sus problemas.

No es una recriminación a un partido concreto ni a una ideología determinada. Es un grito silencioso de indignación ante el comportamiento de una casta que hace tiempo dio muestras de importarle un bledo el interés general; de individuos que pueden arruinar a dos o tres generaciones de ciudadanos, ya sea al frente del gobierno de la Nación, de una Comunidad o de un Ayuntamiento, con absoluta impunidad, sin asumir responsabilidad alguna y sin posibilidad de exigírsela. Se percibe con demasiada claridad la insultante actitud y desverguenza que mueve las actuaciones de muchos de ellos. Su verdadera política tiene como lema el “quítate tú para ponerme yo”. Nunca se adivina un mínimo intento de buscar el bien común al tomar sus decisiónes, si con ello no obtienen un beneficio para sus intereses personales o evitan una derrota en su estrategia para conservar o lograr el ansiado poder.

Da igual que se trate de terrorismo, de economía, o de política social. El ciudadano esta hasta las narices de comprobar cómo la principal estrategia de cualquier partido es oponerse, por sistema, a lo que el otro propone, aunque pueda favorecer a la mayoría de los gobernados.

El hombre de la calle tampoco alcanza a comprender, y nadie se lo explica, por qué no puede votar a aquellos ciudadanos que le parecen más capaces o mejores gestores y está obligado, por una absurda Ley electoral, a escoger a sus representantes entre aquellos que le imponen los partidos, en unas listas cerradas, que no dejan alternativa de elección real.

Está igualmente hastiado de que los partidos mayoritarios no hagan una política común, buscando y consiguiendo el necesario consenso en aquellos asuntos que son de primordial interés para la vida del país. O de que no se planteen de una vez por todas buscar una fórmula que impida que España siga desangrándose con el gasto injustificado y absurdo que supone mantener a 17 Comunidades y dos Ciudades autónomas, con sus respectivos gobiernos, parlamentos y funcionarios.

Y tampoco entienden que nadie se atreva a reformar una Ley electoral que permite que los dos partidos que representan al 90% de los ciudadanos sean rehenes de partidos minoritarios a cuyas exigencias tienen que plegarse si quieren gobernar y adoptar acuerdos en asuntos vitales para la nación.

Y por si éramos pocos la abuela ha decidido ponerse de parto y han aparecido en escena los jueces queriendo cerrar el campo con las puertas de la ceguera ante una realidad imparable.

Da la sensación de que aquí nadie se ha enterado todavía de que la democracia es un sistema en el que el pueblo, es decir, los ciudadanos, son quienes deciden como quieren que funcione su país y que, para ello, y con su dinero, pagan para que aquellos a los que les gustaría elegir, cumplan el encargo y defiendan sus intereses, no para que les impongan a sus representantes y estos actúen como les venga en gana.

El movimiento de la Puerta del Sol, secundado en toda España, es un serio toque de atención y bien hariamos todos en tomarlo muy en serio.